Judiciales
La cláusula que nadie leyó (y terminó costando USD 5.000)
La devaluación ya tiene sentencia. Lo que viene, todavía no.
Hay una escena que se repite en miles de operaciones inmobiliarias: alguien entrega un sobre con dólares, firma un documento con cláusulas en letra chica y se va convencido de que ya tiene el departamento.
Lo que tiene, en realidad, es una promesa de compra atada a un crédito hipotecario y muchas veces redactada por el mismo profesional que después cobra la comisión.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil acaba de dejar en claro que esa combinación puede volverse en contra del corredor. En un fallo de febrero de 2026, el tribunal confirmó la condena a un intermediario a devolver USD 5.000 de reserva en una operación de USD 155.000 que se cayó en 2018, cuando la devaluación volvió inviable el crédito UVA con el que la compradora iba a pagar.
No fue un fallo críptico. Fue un fallo pedagógico.
Lo que la cláusula no dijo
La reserva tenía escrita una condición: si la operación no prosperaba por un “tema ajeno” a los compradores, se devolvía el dinero. El corredor intentó argumentar que la devaluación no era un “tema ajeno”. Los jueces lo descartaron sin mayores ceremonias.
El fallo de los doctores Ramos Feijóo, Maggio y Parrilli lo dice con claridad: si el corredor quería excluir el riesgo cambiario, debía haberlo establecido en el contrato con precisión. Al no hacerlo, la ambigüedad se le volvió en contra.
La Cámara no discutió si el dólar sube o baja. Discutió quién carga con el riesgo cuando el documento está redactado por el profesional. Y la respuesta del derecho del consumidor suele ser la misma: la cláusula oscura se interpreta contra quien la redacta.
Si la reserva está condicionada a un crédito y ese crédito se vuelve inviable por razones externas, la devolución no es negociable: es exigible.
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El impacto económico quedó documentado en el expediente en tres momentos. Cuando el Banco Nación preaprobó el crédito de $2.720.000, esa suma equivalía a unos USD 155.428. Al momento de firmar la reserva, el mismo monto en pesos ya representaba USD 16.370 menos. Y cuando llegó mayo de 2018, la caída acumulaba USD 46.585 respecto del valor original. En pocas semanas, el crédito perdió poder de compra equivalente al valor de un auto.
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La operación dejó de ser viable. Y no por una decisión libre de la compradora.
El costo silencioso de esa cláusula mal redactada lo pagó el corredor: mediación sin acuerdo, denuncia ante CUCICBA, apercibimiento público, multa de $105.000 y un juicio de dos instancias que terminó con devolución obligatoria. No correspondía comisión ni reembolso de gastos: el Código Civil y Comercial es explícito en que si la condición no se cumple, la comisión no se devenga. En criollo: operación frustrada por causas ajenas al comprador, honorarios del corredor, ninguno.
Reserva no es seña: una diferencia que el mercado mezcla todo el tiempo
Hay una confusión que atraviesa casi todas las operaciones inmobiliarias y este fallo la deja expuesta.
La reserva no equivale a una seña. No implica principio de ejecución del contrato ni activa el régimen típico de pérdida o devolución duplicada. Su función es más acotada: comprometer la indisponibilidad del inmueble por un plazo determinado mientras se verifican las condiciones pactadas.
Por eso, cuando esas condiciones no se cumplen, la consecuencia es directa: se devuelve el dinero. El comprador no pierde la reserva por el solo hecho de no avanzar si la operación estaba sujeta a una condición que finalmente no se cumplió.
El problema es que algunas inmobiliarias redactan la reserva con la misma lógica que una seña, o directamente sin aclarar la diferencia. Y cuando hay conflicto, el juez no interpreta la intención del corredor. Interpreta lo que el documento dice.
Cuando el mercado confunde reserva con seña, el conflicto deja de ser comercial y pasa a ser judicial.
El mismo contrato, otra devaluación
Los créditos UVA están activos de nuevo. Las operaciones condicionadas a préstamos hipotecarios se están firmando en este momento, con documentos de reserva que probablemente siguen usando cláusulas tan amplias y ambiguas como la que motivó este litigio.
El fallo que acaba de circular no resuelve el pasado. Es una señal sobre lo que puede pasar cuando vuelva el próximo salto cambiario.
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Argentina tiene una historia documentada de devaluaciones, de tasas que se duplican en semanas y de créditos que cambian condiciones antes de llegar a la escritura. Esa historia, sin embargo, todavía no está incorporada a la letra de los contratos de reserva que se firman hoy.
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La jurisprudencia ya resolvió cómo interpreta la Justicia una cláusula de “tema ajeno” cuando el crédito se cae por la macro. Lo que sigue siendo una decisión invisible es que casi nadie que firma una reserva hoy sabe que ese antecedente existe. Y cuando lo descubre, suele ser tarde.
Lo que el vendedor asume sin saberlo
El corredor no retenía el dinero por mala fe documentada. Retenía porque creía que la letra del contrato lo protegía. Incluso había permitido que la compradora ocupara el departamento de forma temporaria mientras avanzaba la escrituración. Y tuvo que hacerse cargo de los gastos del escribano para recuperar la documentación cuando la operación se cayó.
El fallo registra ese esfuerzo.
Y aun así, perdió. En este esquema, la buena fe no compensa la mala redacción.
Hay un matiz que muchas coberturas del caso pasaron por alto: la compradora no esperó a que el banco le rechazara el crédito. Desistió ella, el 14 de mayo de 2018, cuando las nuevas condiciones volvieron la operación inviable. El corredor intentó usar ese desistimiento como argumento para retener la reserva. Los jueces lo rechazaron: desistir de un crédito que ya no cierra no es una decisión libre, es la consecuencia directa de una devaluación.
Esa distinción importa porque es la misma que va a aparecer en cualquier operación futura cuando la macro vuelva a moverse.
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Si sos comprador, pedí que la reserva detalle qué pasa si el banco cambia las condiciones del crédito. Si sos vendedor, aceptar una reserva UVA es aceptar la posibilidad real de que la venta no ocurra. Y si sos corredor, la cláusula genérica ya no es un escudo: es una trampa con jurisprudencia en contra.
No es una advertencia teórica. Es el resumen de lo que ya ocurrió.
La próxima vez que entrés a firmar una reserva sobre un crédito hipotecario, mirá quién redactó la cláusula de devolución. Y preguntate si esa persona leyó este fallo.
Fallo
Prometía terrenos (y entregaba estafas) Condenan a corredor inmobiliario
Vendía terrenos con papeles falsos desde una inmobiliaria “de verdad”. Ahora, terminó condenado, inhabilitado y obligado a devolver millones
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Durante años, una red de estafas inmobiliarias operó a plena luz del día en Santa Fe. Oficinas reales, documentos truchos y promesas que terminaban en frustración. El caso de Agustín Storni, ahora condenado, pone en primer plano cómo se puede montar una mentira tan creíble que incluso engaña a la Justicia.
Una historia que aún no cierra del todo.
Promesas vacías, papeles truchos y una estafa que duró años
A simple vista, Agustín Mariano Storni parecía un corredor inmobiliario más. Tenía oficinas, carteles, clientes. Pero detrás de esa fachada se escondía una trama de estafas que durante años engañó a decenas de personas con terrenos que, en realidad, no podía vender.
Ahora, a sus 45 años, Storni fue condenado a tres años de prisión efectiva. Además, no podrá volver a ejercer su profesión por una década y deberá pagar más de $6.900.000 a doce víctimas. Como si fuera poco, el fallo también le exige donar $100.000 a una entidad benéfica.
¿Cómo engañaban a las víctimas? Con todo el arsenal de una inmobiliaria real
La historia, aunque parezca sacada de una serie policial, fue real y sostenida en el tiempo. Desde 2014, Storni formaba parte de una asociación ilícita bien organizada. Usaban contratos falsos, poderes truchos, sellos que imitaban a los de organismos oficiales... y hasta formularios "oficiales" que en realidad eran pura ficción.
Pero lo más llamativo es que operaban desde lugares reales. Citaban a los compradores en oficinas perfectamente montadas: Seguí al 1700, 4 de Enero al 1000, boulevard Pellegrini al 2800, incluso en una torre del Dique 2 del puerto santafesino. Todo olía a legal. Pero no lo era.
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Lo legal se volvía ilegal… y lo ilegal, casi creíble
Una vez que los compradores confiaban, los abogados del grupo -entre ellos, el hermano de Storni- presentaban la documentación adulterada en juzgados civiles y comerciales. El objetivo era conseguir resoluciones judiciales que hicieran parecer legítimas las operaciones.
Y funcionaba. Tanto que lograron engañar no solo a los compradores, sino también a jueces que sin saberlo, avalaron las estafas. Algunas víctimas entregaron dinero, otras vehículos. En muchos casos, ambas cosas. Pero los terrenos prometidos nunca fueron suyos.
Más de 100 fraudes: un daño que sigue saliendo a la luz
Según la fiscal del caso, Bárbara Ilera, aunque Storni participó directamente en diez operaciones, la asociación habría cometido más de cien. Una cifra que duele y que muestra la magnitud del daño.
Durante el juicio, que se resolvió de forma abreviada, Storni aceptó todos los cargos: estafa, estafa procesal, falsificación de documentos privados y uso de sellos oficiales falsos. También se mostró de acuerdo con la pena impuesta y su ejecución inmediata.
La causa sigue abierta. Por ahora, hay otros cuatro imputados con prisión preventiva. Entre ellos, dos abogados señalados como organizadores clave de esta red de engaños.
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¿Cómo evitar caer en una estafa inmobiliaria?
Historias como esta no solo generan indignación: también nos dejan enseñanzas. Porque la verdad es que, cuando se trata de comprar un terreno o una propiedad, hay detalles que pueden marcar la diferencia entre una buena inversión y una estafa.
Acá van cinco consejos para protegerte:
1. Verificá que el corredor esté matriculado
Antes de cerrar cualquier trato, chequeá que el profesional esté matriculado en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de tu jurisdicción. Es un paso simple pero clave para saber con quién estás tratando.
2. Pedí la documentación original del inmueble
No te conformes con copias ni excusas. Exigí ver el título de propiedad y asegurate de que quien vende tiene la potestad legal para hacerlo. Si hay cesiones, que estén correctamente inscriptas.
3. Desconfiá de las ofertas “demasiado buenas”
Cuando algo suena demasiado tentador, suele haber algo raro detrás. Las estafas suelen disfrazarse de oportunidades únicas. Mejor avanzar con calma y con todos los recaudos.
4. Consultá con un profesional de confianza
Antes de firmar o entregar dinero, pedí asesoramiento. Un escribano, abogado o corredor inmobiliario puede detectar incongruencias en documentos o alertarte sobre maniobras dudosas. No está de más sumar una mirada profesional.
5. No entregues dinero sin respaldo formal
Si vas a pagar una seña o adelanto, que todo quede por escrito. Evitá pagos en efectivo sin recibo o acuerdos de palabra. Una escritura segura empieza por una documentación clara.
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Fin de Márquez y Asociados: declaran la quiebra tras una megacausa por estafa
Con miles de afectados y causas penales abiertas, la constructora cordobesa Márquez y Asociados fue declarada en quiebra por la Justicia
De prometer miles de viviendas a protagonizar una de las estafas inmobiliarias más grandes del país. La constructora Márquez y Asociados fue declarada en quiebra, en medio de una causa judicial que involucra a sus directivos, miles de damnificados y una investigación que avanza.
¿Qué pasó con los fondos? ¿Quién responde por las familias afectadas? Este es el estado actual de un escándalo que sacude a Córdoba y deja una marca profunda en el sector de la construcción.
Márquez y Asociados: cae una constructora envuelta en la estafa inmobiliaria más grande del país
Prometieron 30.000 viviendas. Solo entregaron 2.500. El resto son historias de ahorro perdido, sueños frustrados y denuncias acumuladas. Márquez y Asociados, una de las firmas más cuestionadas del sector inmobiliario cordobés, fue declarada oficialmente en quiebra por la Justicia provincial.
La decisión, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52ª Nominación, responde al reclamo de un profesional que exige el pago de honorarios adeudados. Pero detrás de ese expediente, hay mucho más: más de 4.000 denuncias digitales y 27.500 damnificados en todo el país.
Un fallo clave en una causa que crece
El juez Sergio Ruiz definió el proceso como una “quiebra pedida compleja”, por el volumen de causas civiles y denuncias penales que la rodean. Y ordenó avanzar con medidas clave: inhibición general de bienes, inhabilitación del directorio societario y obligación de entrega inmediata de cualquier bien de la empresa en manos de terceros.
Los acreedores tienen tiempo hasta el 11 de noviembre de 2025 para presentar la verificación de sus créditos ante la sindicatura.
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De megaproyecto a megaestafa
La historia de Márquez y Asociados comenzó con un ambicioso plan de viviendas sociales en Córdoba y otras provincias. Pero pronto aparecieron los primeros reclamos. Según las investigaciones, la empresa vendía unidades a precios por debajo del costo real de construcción y desviaba parte de los fondos recaudados a negocios paralelos.
Así lo confirmó el fiscal Enrique Gavier, quien detectó un “estado de insolvencia” y maniobras típicas de una asociación ilícita. Los hermanos Juan Pablo, Matías, Lucas y Ariel Márquez están imputados junto al contador Ramiro Nieva, y también fueron señaladas como corresponsables las esposas de dos de ellos.
Reclamos en la calle y presión social
Mientras la causa avanza en los tribunales, las protestas ganan fuerza. Cientos de damnificados se manifestaron para exigir justicia. Algunos llevan años sin respuestas, ni viviendas, ni devoluciones.
Lo que comenzó como un proyecto habitacional terminó transformándose en una de las mayores estafas inmobiliarias del país. Hoy, con la quiebra de la empresa ya decretada, la expectativa está puesta en que la Justicia acelere el proceso y logre recuperar parte del dinero perdido.
De la gloria a los tribunales: un ídolo de Boca será juzgado por estafa inmobiliaria
El exídolo y su hijo serán juzgados por defraudación, y presunta asociación ilícita, en la comercialización de departamentos y locales comerciales
El exfutbolista Alberto “Beto” Márcico vuelve a los titulares, pero no por sus hazañas deportivas: será juzgado junto a su hijo por una presunta estafa inmobiliaria que afecta a varios compradores en la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de haber intentado evitar el juicio con una compensación económica, la justicia rechazó su propuesta. En esta nota, repasamos los detalles de la acusación, la reacción de las víctimas y lo que se espera del juicio.
De las canchas al juzgado: Márcico, acusado por fraude inmobiliario
Alberto “Beto” Márcico, recordado por su paso por Boca Juniors, Ferro y la selección, vuelve a ser noticia, pero esta vez en los tribunales. Junto a su hijo Lucas enfrenta un juicio oral por presunta estafa inmobiliaria, tras vender el mismo inmueble (departamentos y locales comerciales) en más de una oportunidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El caso sacude al mundo del deporte y del mercado inmobiliario: hay al menos 22 cargos por defraudación y otros 15 por estelionato, figura legal que penaliza la venta de bienes ajenos. La investigación también analiza si hubo una asociación ilícita detrás de estas operaciones.
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Un intento de acuerdo que no convenció a nadie
Los Márcico buscaron frenar el juicio ofreciendo una probation con resarcimiento económico: 295.000 dólares a dividir entre los afectados. La mayor parte iría para Marta Rondinella, quien había invertido en 16 departamentos y seis cocheras. También se incluía al exarquero Martín Herrera, comprador de varias unidades.
La propuesta: pagar en 23 cuotas, algo que fue calificado como “inaceptable” por los querellantes. Según los defensores, se trataba de un plan realista y justo. Para los denunciantes, era una burla.
“¿Quién le acepta a un quebrado 23 cuotas?”: las víctimas, indignadas
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 rechazó la probation. El argumento fue claro: la suma ofrecida resultaba “irrisoria” y la mayoría de los damnificados desconfía de que el plan se cumpla.
Claudio Caffarello, abogado de Rondinella, recordó que su clienta invirtió 750.000 dólares y denunció un retroceso en las condiciones ofrecidas: “Antes eran 18 cuotas, ahora 23. ¿Eso es un avance?”. También cuestionó la falta de garantías: “Aceptar ese acuerdo es legitimar que hicieron lo que quisieron con el dinero”.
Yael Jaifetz, representante de Martín Herrera, fue tajante: “Quieren pagar el 10% en cuotas. No lo aceptamos bajo ningún concepto”.
Otro abogado, Julián Subías, habló por damnificados que llevan 25 años sin lograr la escrituración de sus viviendas. Uno de ellos incluso tuvo que pagar 50.000 dólares para evitar un desalojo. “Compraron departamentos, no papeles”, sentenció.
Fallo judicial refuerza el rol profesional y limita a las franquicias inmobiliarias
Un fallo histórico en Mar del Plata prohíbe que franquicias usen “agentes inmobiliarios” sin matrícula habilitante. El impacto podría ser nacional
Una sentencia inédita de la Justicia bonaerense sacudió el mercado inmobiliario: declaró ilegal el accionar de franquicias que operan con personal no matriculado. El caso, originado en Mar del Plata, apunta directamente a estructuras como Remax y podría marcar un punto de inflexión en todo el país. Qué dice el fallo, qué cambia a partir de ahora y cómo reaccionó el Colegio de Martilleros.
Caso Remax: el fallo que puede cambiar las reglas del juego
Una martillera pública abrió una oficina de Remax en Mar del Plata y contrató personas sin matrícula para vender propiedades. Luego de una operación, reclamó honorarios. Pero la Justicia fue tajante: quienes ofrecieron la casa no estaban habilitados legalmente.
Así lo resolvió la Cámara Civil y Comercial N°13 de Mar del Plata, que consideró que la actividad desarrollada por esa franquicia violaba la Ley 10.973, que regula el corretaje en la provincia.
El nombre de fantasía de la oficina era Remax Arena. Para la Justicia, usaba un “título capcioso” al llamar “agentes inmobiliarios” a personas que no contaban ni con matrícula ni con formación profesional adecuada.
“Agente inmobiliario”: una figura ilegal en territorio bonaerense
El fallo pone el foco en un tema clave: el uso del término “agente inmobiliario” como forma de eludir la ley. La sentencia afirma que esta figura es un “fraude jurídico” y que promueve prácticas expresamente prohibidas.
Solo pueden cobrar comisiones quienes tengan título universitario y matrícula vigente en un colegio profesional, y siempre que intervengan directamente en la operación. Así lo establece el artículo 53 de la Ley 10.973, citado expresamente por el tribunal.
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El Colegio de Martilleros celebra y se prepara para avanzar
Guillermo Saucedo, presidente del Colegio de Martilleros de La Plata, aseguró que esta sentencia representa un “antes y un después” para la profesión. “Va a sentar jurisprudencia nacional. Es el principio del fin para las prácticas irregulares”, declaró.
Según explicó, los martilleros sí pueden contar con asistentes, pero su tarea debe ser operativa y muy limitada. “El corazón de la operación, la intermediación, solo puede realizarla un corredor matriculado”, remarcó.
¿Qué cambia con este fallo?
A partir de esta decisión, queda claro que en la Provincia de Buenos Aires no podrán ejercer como corredores quienes no tengan título universitario y matrícula vigente. Las franquicias que utilicen personal sin habilitación ya no podrán ofrecer inmuebles ni participar en tareas como tasaciones, estudios de título o pedidos de informes.
Desde el sector inmobiliario anticipan que el fallo será clave para impulsar nuevas acciones legales y reforzar el cumplimiento de la normativa en otros distritos.
Impacto nacional: una nueva etapa en el corretaje argentino
Mientras la resolución comienza a replicarse en medios especializados, abogados y martilleros coinciden en que se abre una nueva etapa: con reglas más claras, respaldo legal y menos margen para la informalidad.
El mensaje es contundente: sin matrícula, no hay corretaje.
Fallo
Confesión y libertad: acusados de estafa inmobiliaria evitan la cárcel
Tras una estafa que perjudicó a 400 inversores, los acusados aceptaron penas condicionales y cerrarán el caso en juicio abreviado
Dos imputados clave en la millonaria estafa de terrenos en la localidad entrerriana de Oro Verde admitieron su culpabilidad y acordaron penas condicionales para evitar la cárcel. La causa, que afectó a 400 inversores, se encamina hacia su cierre mediante un juicio abreviado.
A un paso de la condena los imputados aceptan la culpabilidad
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos confirmó que Norma Raquel Migueles y José Ricardo Migueles acordaron penas condicionales en el marco de la investigación por la millonaria estafa con terrenos en Oro Verde.
La causa, caratulada como "Migueles s/ estafa", se resolverá mediante juicio abreviado. El acuerdo, alcanzado junto a las defensas, será homologado en la audiencia prevista para el 30 de abril.
Según se detalló, Raquel Migueles aceptó tres años de prisión en suspenso, mientras que José Ricardo Migueles recibirá una condena de un año, también condicional.
Una maniobra que dejó a cientos sin terreno
La investigación comenzó tras las denuncias de varias personas que aseguraron haber invertido sus ahorros para comprar terrenos que nunca existieron o que no podían ser vendidos legalmente.
Los afectados, muchos de ellos pequeños ahorristas, fueron engañados entre 2012 y 2019 mediante promesas falsas de adjudicación de lotes en la localidad de Oro Verde.
Más de un millón de dólares en juego
La supuesta inmobiliaria encabezada por Migueles recaudó más de un millón de dólares en operaciones fraudulentas. Cada terreno fue ofrecido a un valor cercano a los 300.000 pesos, bajo distintas modalidades de pago.
Cuando llegó el momento de escriturar o tomar posesión, los compradores descubrieron que no había terrenos disponibles o que los lotes directamente no existían.
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Escribanos bajo la lupa, pero sin imputaciones
Sergio Pacher, abogado querellante de varios damnificados, afirmó que las maniobras no habrían sido posibles sin la colaboración de personas cercanas a Migueles y la participación de estudios notariales.
Aunque deslizó fuertes críticas hacia los escribanos involucrados en las transacciones -acusándolos de seguir firmando boletos de compraventa pese a conocer denuncias previas-, ninguno fue imputado en el expediente.
Juicio abreviado: cómo impacta en la causa
El juicio abreviado, previsto en el Código Procesal Penal, permite cerrar procesos más rápido mediante el reconocimiento de responsabilidad de los acusados a cambio de penas pactadas.
Norma Raquel Migueles y José Ricardo Migueles admitieron su culpabilidad en el delito de estafa, lo que habilitó a las partes a acordar penas sin necesidad de atravesar un juicio oral.
La última palabra la tendrá el juez que deberá homologar el acuerdo durante la próxima audiencia.
¿Qué implica la condena en suspenso?
Al recibir una pena de ejecución condicional, los imputados no irán a prisión, a menos que violen las reglas de conducta impuestas o reincidan en nuevos delitos.
Entre las condiciones habituales figuran: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Justicia y no cometer nuevos hechos ilícitos.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal no descarta la posibilidad de abrir nuevas investigaciones si surgen elementos que vinculen a otros responsables.
Venta ilegal de terrenos en San Juan: crecen las estafas y alertan por lotes fiscales
El Colegio de Corredores Inmobiliarios trabaja junto al Gobierno provincial para prevenir fraudes en la comercialización de lotes fiscales o irregulares
La venta de terrenos ilegales en San Juan genera creciente preocupación entre autoridades y ciudadanos. Frente al aumento de estafas, el Colegio de Corredores Inmobiliarios intensifica su trabajo conjunto con organismos estatales para prevenir fraudes, garantizar seguridad jurídica y proteger el ordenamiento urbano.
Aumentan los casos de estafas en la compra de terrenos
La venta ilegal de lotes en la provincia de San Juan se ha convertido en una preocupación creciente. Según el presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan (CPCISJ), Esteban Costela, se multiplican los casos de personas que resultan estafadas al intentar adquirir terrenos que carecen de respaldo legal o pertenecen al Estado.
Costela explicó que, si bien esta problemática no es nueva, en el último tiempo ha cobrado mayor gravedad. “Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Hay situaciones como en El Médano, donde se comercializaron lotes ubicados en tierras fiscales, lo cual es sumamente grave”, sostuvo.
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La ilusión de la casa propia, blanco de maniobras fraudulentas
El dirigente remarcó que muchas víctimas son familias que sueñan con tener su propio terreno, lo cual las vuelve vulnerables frente a prácticas irregulares. “La necesidad habitacional es real, y hay quienes se aprovechan de eso. Algunos desarrolladores improvisan y venden sin conocer los requisitos legales; otros, directamente, lo hacen sabiendo que están incurriendo en una estafa”, señaló.
Desde Planeamiento informaron que, en reiteradas ocasiones, se han presentado decenas de personas reclamando soluciones tras haber comprado lotes ilegales. Esto genera presión sobre organismos municipales y provinciales, que en algunos casos se ven forzados a modificar normativas urbanísticas para no dejar a las familias sin alternativas habitacionales. Sin embargo, según Costela, estas decisiones desordenan el desarrollo urbano y agravan el problema a largo plazo.
Trabajan con municipios para identificar zonas de riesgo
Ante este panorama, el Colegio de Corredores Inmobiliarios colabora activamente con distintas áreas del Gobierno provincial. El objetivo es detectar preventivamente zonas que podrían presentar conflictos legales y urbanísticos.
“Mucha gente se acerca a consultar si el lote que le están ofreciendo es legal. Por eso mantenemos un trabajo conjunto con Planeamiento y los municipios, para brindar respuestas antes de que se concrete una operación fraudulenta”, explicó Costela.
Recomendaciones clave antes de comprar un terreno
El titular del Colegio insistió en la importancia de asesorarse con profesionales matriculados y no dejarse llevar por ofertas tentadoras. “Antes de firmar un documento o entregar dinero, es fundamental verificar la legalidad del terreno. Un lote puede parecer una gran oportunidad, pero si no tiene papeles en regla, puede derivar en un conflicto serio”, advirtió.
Sanción confirmada: corredor inmobiliario penalizado por incumplir plazo de respuesta
El Tribunal avaló la sanción contra un corredor por no comunicar en tiempo y forma la aceptación de una reserva inmobiliaria
Un fallo reciente de la Cámara Contencioso Administrativa porteña confirmó la sanción impuesta a un corredor inmobiliario por no comunicar a tiempo la aceptación de una reserva. El caso expone la importancia de cumplir los plazos en operaciones ad referendum y de garantizar notificaciones fehacientes que resguarden los derechos de todas las partes.
El Tribunal advirtió sobre la necesidad de establecer acuerdos claros para evitar conflictos y proteger la función del corretaje profesional.
La Justicia respaldó la sanción del Colegio de Corredores Inmobiliarios
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires ratificó una resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA), que sancionó a un profesional matriculado con una multa de dos mil dólares y la suspensión de su matrícula por tres meses.
El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había anulado la medida disciplinaria aplicada por el Colegio. La controversia se originó en 2015, a partir de una denuncia presentada por una mujer que reservó un inmueble mediante una oferta ad referendum. La compradora entregó mil dólares con la condición de recibir una respuesta antes del 20 de marzo de ese año. Ante la falta de contestación dentro del plazo, desistió de la operación, optó por otro inmueble y exigió la devolución del dinero.
El incumplimiento del plazo derivó en conflicto
Diez días después del vencimiento, el 30 de marzo, el corredor inmobiliario envió una carta documento informando que la propietaria había aceptado la oferta e intimó a concretar la compraventa. Para entonces, la denunciante ya había decidido no avanzar con la operación y había iniciado gestiones sobre otra propiedad.
Frente a esta situación, el Tribunal de Ética consideró que el profesional no actuó con la diligencia debida, al no garantizar una notificación oportuna y fehaciente. En consecuencia, impuso la mencionada sanción.
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Falta de comunicación eficaz y pruebas insuficientes
La Cámara evaluó que, en el expediente, no constaban pruebas de que el corredor hubiese realizado gestiones concretas para comunicar la aceptación dentro del plazo acordado. No se acreditaron llamadas telefónicas ni correos electrónicos enviados a la compradora. Además, se cuestionó que el único respaldo ofrecido fuera un documento privado sin fecha cierta, lo que resultaba insuficiente como medio de prueba.
“El cumplimiento de los plazos convenidos y la claridad de los pactos resultan fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias”, advirtió el Tribunal.
Obligaciones del corredor inmobiliario en operaciones ad referéndum
El fallo destacó que, en contextos donde los compradores deben tomar decisiones rápidas por razones financieras o personales, la falta de precisión en los términos de la reserva puede derivar en conflictos. En este sentido, el Tribunal señaló que el profesional debió prever medidas claras: exigir la presencia de la ofertante al vencimiento del plazo o establecer una cláusula que dispusiera la entrega inmediata del dinero en caso de aceptación.
La omisión de esos recaudos y la falta de notificación en tiempo y forma fueron determinantes para confirmar la sanción.
“El carácter impreciso del acuerdo subordinó la operación a una buena sintonía entre las partes, lo que desnaturaliza la función esencial del corretaje”, concluyó el Tribunal.
Fallo
“Las profesiones no se delegan. Se ejercen por profesionales matriculados”
La Justicia bonaerense rechazó la demanda de una corredora por por cobro de honorarios al comprobar que delegó tareas en personas no habilitadas legalmente
Un reciente fallo judicial en la provincia de Buenos Aires refuerza los límites legales del ejercicio profesional del corretaje inmobiliario. La Cámara Civil y Comercial rechazó la demanda de una corredora que pretendía cobrar comisión por una operación gestionada por personas no habilitadas, marcando así un precedente clave en defensa de la matrícula profesional y contra las prácticas de tercerización irregular.
Rechazo judicial por delegar funciones sin habilitación legal
La Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires confirmó el rechazo a una demanda iniciada por Gilda Flora Clauso, corredora pública inmobiliaria, quien reclamaba el cobro de una comisión por una operación de compraventa en el barrio cerrado Rumencó, ubicado en Mar del Plata.
Según el fallo, Clauso no pudo demostrar haber participado personalmente en la operación, y quedó probado que delegó funciones esenciales del corretaje en personas sin matrícula habilitante. Esta práctica, según los magistrados, constituye una infracción a la Ley 10.973, que regula la actividad de los corredores públicos en la provincia.
Intermediación ejercida por personas no habilitadas
Los jueces Ricardo Monterisi y Alfredo Méndez concluyeron que quienes llevaron adelante la intermediación fueron Marcelo Campos y Carla Tarana, identificados como “agentes inmobiliarios”. Sin embargo, ambos carecen de autorización legal para ejercer el corretaje.
El fallo remarca que Clauso no logró explicar con claridad qué tareas realizó en la operación. Incluso, durante su declaración, negó haber efectuado los estudios técnicos y documentales que inicialmente había afirmado haber realizado. En cambio, los testimonios de Campos y Tarana fueron considerados clave: fueron ellos quienes gestionaron las visitas, tasaciones y contacto con potenciales compradores.
Advertencia judicial por tercerización indebida
La sentencia también hace foco en el modo de operar de Clauso, al señalar que permitió una “tercerización” indebida de su matrícula. Según el tribunal, esta modalidad configura un fraude a la ley y representa una violación directa de la normativa vigente.
“El corretaje no puede reducirse a una firma en los papeles o tareas de márquetin”, advierte el fallo. Además, se subraya que solo están habilitadas para percibir comisión aquellas personas que intervienen de manera directa y cuentan con matrícula profesional válida.
Por estos motivos, la Cámara resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por Clauso, confirmar la sentencia de primera instancia y ordenar que se haga cargo de las costas del proceso judicial.
Un precedente clave para la actividad profesional
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que buscan delimitar con precisión el ejercicio del corretaje inmobiliario. En un contexto donde proliferan modelos de negocios que promueven estructuras de trabajo desreguladas, la Justicia reafirma la necesidad de preservar el control estatal sobre las matrículas habilitantes.
En particular, se pone el foco en la figura de “agente” o “asesor inmobiliario”, utilizada frecuentemente por redes comerciales que operan sin ajustarse al marco legal establecido.
El Colegio de Martilleros celebró el fallo
Tras conocerse la sentencia, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata emitió un comunicado manifestando su conformidad con la resolución.
Desde la entidad destacaron que el fallo sienta un precedente firme en defensa del ejercicio ético y legal de la profesión, e insistieron en que el corretaje es una actividad que no puede delegarse ni franquiciarse. “Las profesiones no se delegan. Se ejercen por profesionales matriculados”, subrayaron.
Fallo
Ex empleados estatales bajo investigación por estafas con tierras fiscales en Tucumán
Cinco exempleados públicos son investigados por montar una red ilegal de escrituración sobre terrenos fiscales en zonas clave de Tucumán
Una serie de denuncias por maniobras fraudulentas con tierras fiscales sacude al Estado tucumano. Cinco ex empleados públicos están acusados de haber montado una red ilegal de escrituración en predios de El Cadillal y El Mollar, aprovechando sus cargos para emitir documentos sin validez y cobrar sumas de dinero a ciudadanos que ahora podrían perder sus hogares. La investigación avanza mientras se auditan miles de expedientes en busca de nuevas irregularidades.
Una estructura fraudulenta estatal en el corazón de Tucumán
Una compleja red de maniobras ilegales vinculada al manejo de tierras fiscales en Tucumán quedó al descubierto tras una serie de denuncias presentadas por la Dirección General de Catastro ante la Justicia provincial.
La causa involucra a cinco ex empleados de la extinta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, quienes habrían cobrado dinero a ciudadanos para realizar trámites de escrituración sin validez legal, en predios ubicados en El Cadillal y El Mollar.
Los acusados enfrentan cargos por presunta usurpación, estafa y asociación ilícita, y podrían haber aprovechado sus cargos públicos para montar un circuito paralelo de venta de terrenos, actuando como una “inmobiliaria ilegal” dentro del propio Estado.
El “Loteo Gaucho Castro”: el caso que desató la investigación
Las pesquisas iniciaron a raíz del llamado “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar, donde se detectó una operatoria sospechosa: empleados estatales ofrecían a particulares la posibilidad de regularizar terrenos ocupados de forma irregular, a cambio de comisiones o favores.
La causa, dirigida por el fiscal Miguel Varela, avanzó rápidamente y reveló que estas prácticas se habrían extendido a otras zonas, particularmente a El Cadillal, uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia.
Tráfico de tierras fiscales y promesas de legalidad
La denuncia inicial apunta a Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro y Fernando Rogel Chaler, ex titular de la repartición, como los principales responsables del armado de un esquema que consistía en la captación de terrenos fiscales, su posterior loteo y la comercialización a terceros, con la promesa de lograr una escrituración legal. A cambio, los involucrados habrían recibido pagos en efectivo o un porcentaje de los terrenos vendidos. La justicia ya ordenó el desalojo de más de 30 ocupantes y la restitución de las tierras al Estado.
En el caso de El Cadillal, las maniobras presuntamente adoptaron un formato más elaborado. Trujillo y Barreiro, junto con Gustavo Lagarrigue, Pablo Zossi y Norma Silva, fueron señalados por haber emitido constancias sin validez legal y por cobrar entre $180.000 y $240.000 a particulares, a cambio de iniciar trámites administrativos que no contaban con respaldo normativo alguno.
Documentos falsos, expedientes simulados y pagos en efectivo
De acuerdo con la documentación reunida por la Dirección de Catastro, los imputados habrían utilizado expedientes ficticios, documentos apócrifos y supuestas constancias oficiales, aprovechándose tanto de vacíos legales como de la buena fe de quienes intentaban acceder a un lote.
Se registraron numerosos casos en los que se exigían pagos previos para avanzar con mensuras, planos y otros requisitos formales que nunca se concretaban. El objetivo era generar la ilusión de una gestión legal en curso, cuando en realidad se trataba de una simulación sin aval jurídico.
Evidencias clave: videos, filas con dinero y constancias falsas
Entre las pruebas presentadas figura un video viral en redes sociales donde se observa a Trujillo entregando constancias de trámites a vecinos de Villa del Lago, barrio de El Cadillal. También se difundieron imágenes de personas haciendo fila con dinero en mano frente a una oficina estatal, mientras uno de los empleados contaba billetes.
Estas escenas ocurrieron pese a que, oficialmente, los trámites de regularización eran gratuitos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura paralela de cobros ilegales.
Posibles nexos con autoridades locales y más implicados
Los investigadores analizan si estas acciones contaron con el aval o el encubrimiento de funcionarios jerárquicos. En El Mollar, el comisionado rural Jorge Cruz está bajo investigación por haber aprobado el loteo ilegal y, años más tarde, autorizado el suministro de agua potable a la zona, trámite que por ley debe preceder cualquier operación inmobiliaria.
En El Cadillal, el comisionado Dante Delgado fue mencionado por su participación en reuniones encabezadas por Trujillo, realizadas en plena campaña electoral. Si bien no se ha definido su situación procesal, las fechas coinciden con el período previo al llamado oficial a licitación pública.
Un programa legal en marcha y miles de familias en riesgo
En abril de 2023, el gobierno provincial lanzó un programa de regularización dominial para ocupantes de terrenos fiscales de hasta 3.000 m². La iniciativa establecía la obligatoriedad de iniciar un trámite administrativo ante el Ente de Turismo para acceder a la compra legal de los lotes mediante licitación.
No obstante, sólo un 10% de los ocupantes -unas 400 personas de un total estimado en 3.000 viviendas- inició el procedimiento. El resto, según relatan numerosos damnificados, habría sido inducido por empleados estatales a optar por una supuesta “vía rápida” que implicaba el pago de sumas considerables a cambio de constancias sin validez jurídica.
Hoy, quienes confiaron en ese camino alternativo enfrentan el riesgo de perder sus viviendas, salvo que se apruebe una nueva ley que restituya o flexibilice el proceso de regularización.
Santa Fe: Detienen a falso corredor inmobiliario en Alcorta
La PDI allanó una vivienda y secuestró material vinculado a operaciones inmobiliarias. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia
Un hombre fue detenido en Alcorta acusado de ejercer como corredor inmobiliario sin la habilitación correspondiente. La Policía de Investigaciones allanó su vivienda y secuestró diversos elementos vinculados a la actividad comercial que se investiga.
Allanamiento por ejercicio ilegal de la actividad inmobiliaria
La Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe llevó a cabo un operativo en la localidad de Alcorta, departamento Constitución, en el marco de una causa por ejercicio ilegal de la profesión. El procedimiento se realizó el martes en una vivienda ubicada sobre calle Moreno al 200, por orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Judicial N° 14.
La medida fue dispuesta por la jueza Marisol Usandizaga y supervisada por la fiscal Analía Saravalli, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Villa Constitución.
El objetivo del allanamiento fue reunir pruebas que acreditaran el desarrollo de actividades inmobiliarias sin la habilitación correspondiente. Durante el operativo, los agentes secuestraron cartelería, folletería, documentación comercial y un teléfono celular vinculado a la investigación.
Elementos secuestrados durante el operativo
Entre los elementos incautados se encontraron un sello, una cartelera de vidrio y acrílico, un teléfono celular, tarjetas de presentación, un reloj de pared con la leyenda “broker”, contratos de locación y compraventa, recibos, documentación contable y una máquina contadora de billetes.
Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente para su análisis en el marco de la investigación en curso.
Un sospechoso quedó detenido
En el lugar se encontraba Cristian C., ciudadano argentino, mayor de edad, quien fue identificado como el principal sospechoso. Por orden de la fiscal Saravalli, fue detenido y trasladado al Módulo de Detención Transitoria (MDT), donde permanece a disposición de la Justicia.
La causa se originó a partir de una solicitud del MPA para llevar adelante tareas de vigilancia encubierta, con el objetivo de verificar la presunta actividad ilegal. Los resultados del procedimiento permitirán avanzar en la investigación sobre si el detenido ejercía como corredor inmobiliario sin estar matriculado.
Investigan una mansión de Jésica Cirio por posible lavado de activos
La propiedad, valuada en USD 2.8 millones y ubicada en Nordelta, fue transferida a Cirio días antes de su casamiento con el empresario
La Justicia federal investiga una lujosa propiedad que Elías Piccirillo cedió a Jésica Cirio días antes de su casamiento. El inmueble, valuado en 2.8 millones de dólares y ubicado en Nordelta, podría formar parte de una maniobra para encubrir una presunta red de lavado de activos vinculada al empresario. A medida que avanza la causa, también surgieron datos sobre el considerable patrimonio inmobiliario de Cirio, cuya procedencia despierta interrogantes.
Una transferencia millonaria bajo investigación
A 48 horas de casarse con Jésica Cirio, el empresario Elías Piccirillo le cedió una propiedad valuada en 2.8 millones de dólares. El traspaso se formalizó mediante un contrato que documenta la “cesión gratuita de derechos y entrega de posesión” sobre una acción clase A de la Asociación Residencial Yacht S.A. y un lote de terreno en el exclusivo complejo Yacht de Nordelta, partido de Tigre.
Aunque la cesión refiere técnicamente a una acción y un terreno, en realidad se trata de una lujosa mansión de dos plantas, estilo moderno, con salida a la marina y muelle privado para embarcaciones. Como ocurre con gran parte de los inmuebles en esa zona, el lote 31 no puede ser escriturado formalmente.
Sospechas de lavado en torno a la fortuna de Piccirillo
La cesión del inmueble podría representar el inicio de una investigación más amplia sobre la acelerada acumulación de capital por parte de Piccirillo, quien desarrolló su actividad en el rubro del comercio exterior durante la gestión de Alberto Fernández, en el contexto del sistema SIRA.
La Justicia analiza si esta operación encuadra dentro del denominado “período de sospecha”, una figura legal que permite revisar disposiciones patrimoniales realizadas años atrás. El objetivo es determinar si la transferencia del inmueble fue parte de una maniobra para ocultar bienes y simular insolvencia.
Patrimonio de Cirio: 42 departamentos y versiones cruzadas
En paralelo al proceso judicial que involucra a Piccirillo -quien se encuentra detenido y en trámite de divorcio con Cirio- surgieron nuevas versiones sobre el patrimonio de la exmodelo. Según reveló la periodista Evelyn Von Brocke, Cirio sería titular de 42 departamentos adquiridos antes de sus matrimonios.
La información sostiene que estas propiedades le fueron transferidas como forma de pago por parte de su exmanager Leandro Rud, mediante un sistema de entregas en pozo utilizadas como compensación por servicios prestados en el marco de proyectos inmobiliarios financiados por terceros.
Declaraciones y dudas sobre el origen del patrimonio
Voceros cercanos a Cirio afirman que su patrimonio responde a una carrera iniciada desde temprana edad. Sin embargo, la magnitud de sus activos genera comparaciones con figuras públicas de trayectoria consolidada, como Susana Giménez.
Von Brocke no especificó el valor ni la naturaleza de los servicios que habrían motivado la entrega de los inmuebles, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad del origen de ese capital. Las sospechas se intensifican por el entorno judicial que rodea actualmente a Cirio, cuyo círculo familiar directo también fue denunciado por presunta estafa, plantado de pruebas y asociación ilícita, según la presentación realizada por el empresario Francisco Hauque.
Detuvieron a los dueños de Márquez y Asociados por estafas en desarrollos inmobiliarios
Investigan una posible asociación ilícita y fraude con promesas de viviendas que nunca se entregaron o fueron entregadas en mal estado
Una investigación judicial en Córdoba dejó al descubierto un presunto fraude inmobiliario de gran escala. Los hermanos Márquez, propietarios de la desarrollista Márquez y Asociados, junto con un contador y un empleado, fueron detenidos en el marco de una causa que los acusa de estafa y asociación ilícita.
La firma habría ofrecido viviendas que nunca fueron construidas o fueron entregadas en condiciones deficientes, lo que generó múltiples denuncias penales y sanciones administrativas por parte de Defensa del Consumidor.
Operativo judicial por fraude inmobiliario en Córdoba
Los tres hermanos propietarios de la desarrollista Márquez y Asociados, junto con el contador de la firma y un empleado, fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba. La medida fue dispuesta por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en el marco de una investigación por asociación ilícita y estafa.
Los procedimientos se llevaron a cabo en la sede de la empresa y en varias propiedades vinculadas a los acusados. Las actuaciones se originaron a partir de múltiples denuncias de clientes que aseguran haber sido víctimas de maniobras fraudulentas.
Denuncias por viviendas no construidas y entregas irregulares
Según la investigación, Márquez y Asociados habría implementado un esquema de estafa piramidal, mediante el cual se ofrecían viviendas que nunca se construyeron o que fueron entregadas en condiciones muy inferiores a las prometidas. Las víctimas afirman haber abonado montos considerables sin recibir lo pactado.
Hasta el momento se contabilizan 11 denuncias penales confirmadas, aunque las autoridades estiman que la cifra podría aumentar considerablemente, ya que siguen apareciendo nuevos damnificados.
Defensa del Consumidor aplicó una millonaria multa
En paralelo al proceso judicial, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba sancionó a la empresa con una multa de 260 millones de pesos. La sanción se basa en 22 reclamos con resolución firme que evidencian graves infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240.
Entre las principales irregularidades detectadas se destacan la falta de información clara a los clientes, el trato inadecuado frente a los reclamos y el incumplimiento en la entrega de viviendas. Actualmente, hay 32 expedientes en trámite de imputación y 248 casos en etapa de conciliación.
Desde 2021, la Dirección ha recibido 302 denuncias contra Márquez y Asociados, con un notable incremento en los últimos años. El organismo trabaja en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos, aportando informes técnicos para respaldar la causa penal.
Corte Suprema ratifica subasta de vivienda única por incumplimiento de pagaré
El máximo tribunal ordenó la subasta de una vivienda por deudas impagas, tras declarar inconstitucional norma que protegía la propiedad sin inscripción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) autorizó la subasta de un inmueble en Castelar, provincia de Buenos Aires, debido al incumplimiento de un pagaré. La decisión se produjo luego de que una norma provincial, que eximía la obligación de inscribir la vivienda única en el registro de la propiedad, fuera declarada inconstitucional.
El fallo sostuvo que ninguna legislación local puede impedir embargos y ejecuciones sobre bienes que no cumplan con el requisito de inscripción, conforme a la normativa nacional.
Decisión del Tribunal y repercusiones
El tribunal precisó que corresponde al Congreso Nacional establecer qué bienes pueden ser embargados. En consecuencia, se ordenó el remate del 50% del inmueble, compartido con su exesposo, que funcionaba como vivienda familiar para la docente y sus dos hijos menores.
La jueza de primera instancia había invalidado en 2013 la Ley provincial 14.432 (de Protección de Vivienda Única y de Ocupación Permanente), emitida en 2012 para proteger la vivienda sin inscripción, decisión que fue confirmada por la Cámara Comercial.
Ante esta situación, la afectada interpuso un recurso extraordinario que llegó a la Corte Suprema. Aunque la Defensora General de la Nación y el Procurador General respaldaron su argumento, los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti rechazaron la apelación, señalando que no se cumplía con el requisito de demostrar que la sentencia impugnada contrariaba el derecho federal.
Fallo
Agente inmobiliario acumula un millón de dólares en 49 estafas
Un agente inmobiliario vinculado a una empresa de Buenos Aires enfrenta cargos por defraudar a compradores por casi un millón de dólares a través de 49 estafas en la venta de terrenos en Villa La Angostura, Rio Negro. Las investigaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) revelan que el acusado utilizó tres modalidades fraudulentas para perpetrar los hechos.
Modalidades del fraude
Según las indagatorias, el delincuente habría empleado las siguientes tácticas:
1. Venta con nomenclaturas catastrales erróneas: El agente ofrecía unidades funcionales en un loteo y, al momento de formalizar los boletos de compraventa, asignaba nomenclaturas de lotes ya vendidos, llegando incluso a revender el mismo terreno en diversas ocasiones.
2. Unidades funcionales inexistentes: En ciertos boletos de compraventa se consignaban nomenclaturas correspondientes a unidades que no existían dentro del loteo.
3. Operaciones sin legitimidad: Se realizaron ventas de unidades funcionales sobre las cuales el acusado no tenía la propiedad ni contaba con la autorización legal para llevar a cabo la transacción.
Detalles del proceso judicial
El fraude se habría extendido desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2023. Durante una audiencia reciente, desde el Ministerio explicaron que, inicialmente, el agente era investigado por 45 hechos de estafa en concurso real y en calidad de autor. Sin embargo, la acumulación de nuevas evidencias llevó a reformular los cargos, elevando el total a 49 hechos e incluyendo un cargo adicional por desbaratamiento de derechos acordados.
Los funcionarios afirmaron que la documentación obtenida –entre la que se encuentran boletos de compraventa y escrituras– obligó al MPF a ajustar los cargos relacionados con la venta de algunas unidades funcionales ya que entienden necesario clarificar el número final de hechos por los cuales la fiscalía solicitará la elevación a juicio.
Carlos Tevez, víctima de una millonaria estafa inmobiliaria
Perdió una fortuna en un proyecto inmobiliario inconcluso y evalúa acciones legales para recuperar su dinero. El exfutbolista y exentrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, fue víctima de una millonaria estafa tras invertir en un desarrollo inmobiliario en la ciudad de Córdoba.
El exjugador de Boca Juniors y la Selección Argentina había destinado fondos a la construcción de tres departamentos en el exclusivo proyecto Love Córdoba, pero la obra quedó inconclusa, lo que le ocasionó una pérdida cercana a 1,5 millones de dólares, equivalente a más de dos mil millones de pesos.
Un proyecto fallido y una subasta en puerta
La iniciativa Love Córdoba, impulsada por la desarrollista Inverco, contemplaba la construcción de un complejo residencial y comercial en la intersección de las avenidas Colón y Cárcano. Sin embargo, la crisis económica de 2018 paralizó la obra, dejando a numerosos inversores sin respuestas ni devolución de su dinero.
Ante esta situación, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 39° Nominación ordenó la subasta del terreno a través de un proceso de liquidación judicial regulado por la Ley de Concursos y Quiebras. La venta, que se realizará mediante una puja electrónica, tiene un precio base de 3,5 millones de dólares y busca saldar deudas con los acreedores del fideicomiso, entre los que se encuentra Tevez.
El ambicioso plan que nunca se concretó
Ubicado en la zona de El Tropezón, a ocho kilómetros del centro de Córdoba, el proyecto fue concebido en 2013 por la familia Carranza, responsable de Inverco. La propuesta incluía la construcción de 800 departamentos distribuidos en cuatro torres, un edificio de 23 pisos con hotel, una sección comercial y un estacionamiento con capacidad para 1.500 vehículos.
Las obras comenzaron en 2015 con una proyección de entrega en 2018, pero tras vender el 20% de las unidades, el desarrollo se frenó por falta de financiamiento. Luis Carranza, director de Inverco, intentó atraer inversores para reactivar el proyecto, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Finalmente, en mayo de 2023, se declaró la liquidación del fideicomiso, con entre 160 y 170 acreedores a la espera de recuperar parte de su inversión.
Investigación penal y detenciones
El caso también tiene una arista judicial. La fiscalía, encabezada por Enrique Gavier, investiga un posible fraude masivo en la venta de unidades no construidas. Como resultado, se imputó y detuvo a cinco personas, entre ellas directivos de Inverco, colaboradores y propietarios del terreno.
Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas, mientras que la justicia avanza en la causa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la defraudación a los inversores.
