El exídolo y su hijo serán juzgados por defraudación, y presunta asociación ilícita, en la comercialización de departamentos y locales comerciales
El exfutbolista Alberto “Beto” Márcico vuelve a los titulares, pero no por sus hazañas deportivas: será juzgado junto a su hijo por una presunta estafa inmobiliaria que afecta a varios compradores en la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de haber intentado evitar el juicio con una compensación económica, la justicia rechazó su propuesta. En esta nota, repasamos los detalles de la acusación, la reacción de las víctimas y lo que se espera del juicio.
De las canchas al juzgado: Márcico, acusado por fraude inmobiliario
Alberto “Beto” Márcico, recordado por su paso por Boca Juniors, Ferro y la selección, vuelve a ser noticia, pero esta vez en los tribunales. Junto a su hijo Lucas enfrenta un juicio oral por presunta estafa inmobiliaria, tras vender el mismo inmueble (departamentos y locales comerciales) en más de una oportunidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El caso sacude al mundo del deporte y del mercado inmobiliario: hay al menos 22 cargos por defraudación y otros 15 por estelionato, figura legal que penaliza la venta de bienes ajenos. La investigación también analiza si hubo una asociación ilícita detrás de estas operaciones.
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Un intento de acuerdo que no convenció a nadie
Los Márcico buscaron frenar el juicio ofreciendo una probation con resarcimiento económico: 295.000 dólares a dividir entre los afectados. La mayor parte iría para Marta Rondinella, quien había invertido en 16 departamentos y seis cocheras. También se incluía al exarquero Martín Herrera, comprador de varias unidades.
La propuesta: pagar en 23 cuotas, algo que fue calificado como “inaceptable” por los querellantes. Según los defensores, se trataba de un plan realista y justo. Para los denunciantes, era una burla.
“¿Quién le acepta a un quebrado 23 cuotas?”: las víctimas, indignadas
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 rechazó la probation. El argumento fue claro: la suma ofrecida resultaba “irrisoria” y la mayoría de los damnificados desconfía de que el plan se cumpla.
Claudio Caffarello, abogado de Rondinella, recordó que su clienta invirtió 750.000 dólares y denunció un retroceso en las condiciones ofrecidas: “Antes eran 18 cuotas, ahora 23. ¿Eso es un avance?”. También cuestionó la falta de garantías: “Aceptar ese acuerdo es legitimar que hicieron lo que quisieron con el dinero”.
Yael Jaifetz, representante de Martín Herrera, fue tajante: “Quieren pagar el 10% en cuotas. No lo aceptamos bajo ningún concepto”.
Otro abogado, Julián Subías, habló por damnificados que llevan 25 años sin lograr la escrituración de sus viviendas. Uno de ellos incluso tuvo que pagar 50.000 dólares para evitar un desalojo. “Compraron departamentos, no papeles”, sentenció.
