Ex empleados estatales bajo investigación por estafas con tierras fiscales en Tucumán
Cinco exempleados públicos son investigados por montar una red ilegal de escrituración sobre terrenos fiscales en zonas clave de Tucumán
Una serie de denuncias por maniobras fraudulentas con tierras fiscales sacude al Estado tucumano. Cinco ex empleados públicos están acusados de haber montado una red ilegal de escrituración en predios de El Cadillal y El Mollar, aprovechando sus cargos para emitir documentos sin validez y cobrar sumas de dinero a ciudadanos que ahora podrían perder sus hogares. La investigación avanza mientras se auditan miles de expedientes en busca de nuevas irregularidades.
Una estructura fraudulenta estatal en el corazón de Tucumán
Una compleja red de maniobras ilegales vinculada al manejo de tierras fiscales en Tucumán quedó al descubierto tras una serie de denuncias presentadas por la Dirección General de Catastro ante la Justicia provincial.
La causa involucra a cinco ex empleados de la extinta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, quienes habrían cobrado dinero a ciudadanos para realizar trámites de escrituración sin validez legal, en predios ubicados en El Cadillal y El Mollar.
Los acusados enfrentan cargos por presunta usurpación, estafa y asociación ilícita, y podrían haber aprovechado sus cargos públicos para montar un circuito paralelo de venta de terrenos, actuando como una “inmobiliaria ilegal” dentro del propio Estado.
El “Loteo Gaucho Castro”: el caso que desató la investigación
Las pesquisas iniciaron a raíz del llamado “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar, donde se detectó una operatoria sospechosa: empleados estatales ofrecían a particulares la posibilidad de regularizar terrenos ocupados de forma irregular, a cambio de comisiones o favores.
La causa, dirigida por el fiscal Miguel Varela, avanzó rápidamente y reveló que estas prácticas se habrían extendido a otras zonas, particularmente a El Cadillal, uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia.
Tráfico de tierras fiscales y promesas de legalidad
La denuncia inicial apunta a Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro y Fernando Rogel Chaler, ex titular de la repartición, como los principales responsables del armado de un esquema que consistía en la captación de terrenos fiscales, su posterior loteo y la comercialización a terceros, con la promesa de lograr una escrituración legal. A cambio, los involucrados habrían recibido pagos en efectivo o un porcentaje de los terrenos vendidos. La justicia ya ordenó el desalojo de más de 30 ocupantes y la restitución de las tierras al Estado.
En el caso de El Cadillal, las maniobras presuntamente adoptaron un formato más elaborado. Trujillo y Barreiro, junto con Gustavo Lagarrigue, Pablo Zossi y Norma Silva, fueron señalados por haber emitido constancias sin validez legal y por cobrar entre $180.000 y $240.000 a particulares, a cambio de iniciar trámites administrativos que no contaban con respaldo normativo alguno.
Documentos falsos, expedientes simulados y pagos en efectivo
De acuerdo con la documentación reunida por la Dirección de Catastro, los imputados habrían utilizado expedientes ficticios, documentos apócrifos y supuestas constancias oficiales, aprovechándose tanto de vacíos legales como de la buena fe de quienes intentaban acceder a un lote.
Se registraron numerosos casos en los que se exigían pagos previos para avanzar con mensuras, planos y otros requisitos formales que nunca se concretaban. El objetivo era generar la ilusión de una gestión legal en curso, cuando en realidad se trataba de una simulación sin aval jurídico.
Evidencias clave: videos, filas con dinero y constancias falsas
Entre las pruebas presentadas figura un video viral en redes sociales donde se observa a Trujillo entregando constancias de trámites a vecinos de Villa del Lago, barrio de El Cadillal. También se difundieron imágenes de personas haciendo fila con dinero en mano frente a una oficina estatal, mientras uno de los empleados contaba billetes.
Estas escenas ocurrieron pese a que, oficialmente, los trámites de regularización eran gratuitos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura paralela de cobros ilegales.
Posibles nexos con autoridades locales y más implicados
Los investigadores analizan si estas acciones contaron con el aval o el encubrimiento de funcionarios jerárquicos. En El Mollar, el comisionado rural Jorge Cruz está bajo investigación por haber aprobado el loteo ilegal y, años más tarde, autorizado el suministro de agua potable a la zona, trámite que por ley debe preceder cualquier operación inmobiliaria.
En El Cadillal, el comisionado Dante Delgado fue mencionado por su participación en reuniones encabezadas por Trujillo, realizadas en plena campaña electoral. Si bien no se ha definido su situación procesal, las fechas coinciden con el período previo al llamado oficial a licitación pública.
Un programa legal en marcha y miles de familias en riesgo
En abril de 2023, el gobierno provincial lanzó un programa de regularización dominial para ocupantes de terrenos fiscales de hasta 3.000 m². La iniciativa establecía la obligatoriedad de iniciar un trámite administrativo ante el Ente de Turismo para acceder a la compra legal de los lotes mediante licitación.
No obstante, sólo un 10% de los ocupantes -unas 400 personas de un total estimado en 3.000 viviendas- inició el procedimiento. El resto, según relatan numerosos damnificados, habría sido inducido por empleados estatales a optar por una supuesta “vía rápida” que implicaba el pago de sumas considerables a cambio de constancias sin validez jurídica.
Hoy, quienes confiaron en ese camino alternativo enfrentan el riesgo de perder sus viviendas, salvo que se apruebe una nueva ley que restituya o flexibilice el proceso de regularización.
