Ya no será obligatorio tramitar el COTI para vender una propiedad. El Gobierno apunta a simplificar y reactivar el mercado inmobiliario
Desde ahora, ya no será necesario gestionar el COTI para vender una propiedad. Esta decisión no llega sola: forma parte de un paquete más amplio que busca aliviar la carga fiscal, destrabar operaciones y, de paso, tentar a esos dólares que todavía están guardados debajo del colchón.
Menos burocracia, más libertad: eso es lo que promete este nuevo escenario. ¿Será el impulso que el sector necesita?
Fin del COTI: una traba menos para vender propiedades
Después de años lidiando con trámites innecesarios y trabas burocráticas, el mercado inmobiliario finalmente recibe una buena noticia: ya no hace falta gestionar el COTI para vender una propiedad.
Sí, el famoso Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles pasó al archivo. Lo confirmó la Resolución General 5697/2025, publicada en el Boletín Oficial por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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Un giro que simplifica operaciones y baja el ruido
Hasta hoy, quien quería vender un inmueble debía ingresar a la web de ARCA, cargar los datos y esperar un código indispensable para avanzar con la escritura.
Ahora, eso quedó atrás. Según explicaron desde ARCA, el sistema ya cuenta con recursos tecnológicos suficientes para monitorear las operaciones sin necesidad de declaraciones previas.
Este cambio aplica a todas las operaciones, sin importar el valor del inmueble, y también elimina las resoluciones complementarias que sostenían el régimen anterior. Forma parte de la política de desregulación impulsada por el DNU 70/2023 y el Decreto 353/2025.
Una jugada para liberar dólares “del colchón”
Pero hay más detrás de esta medida. No es solo una cuestión de papeles. La eliminación del COTI encaja dentro del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, una estrategia económica con objetivos bien claros: simplificar, proteger la privacidad fiscal y, sobre todo, tentar a quienes aún tienen dólares guardados fuera del sistema.
“El que ponía en venta una propiedad, si superaba el valor del COTI -que es la mayoría de los casos-, debía informar a ARCA y luego el escribano tenía que volver a reportar todo. Con esta resolución, eso se terminó”, explicó el tributarista Sebastián M. Domínguez.
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Otras medidas que alivian al mercado
Además de la eliminación del COTI, el Gobierno sumó una serie de cambios que buscan descomprimir el control fiscal sobre el sector inmobiliario. El objetivo es claro: destrabar operaciones que se habían frenado por miedo, complejidad o exposición innecesaria.
● Adiós a los reportes por compras personales
Las compras con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales ya no serán informadas a ARCA. Para muchos, esto representa un respiro. Especialmente quienes estaban por encarar obras, ampliaciones o remodelaciones: los montos altos en ferreterías o corralones ya no levantarán alertas.
● Los escribanos, liberados del CITI
Otra novedad importante: se elimina el sistema CITI Escribanos, que obligaba a reportar mensualmente operaciones notariales desde los $10 millones. Con esta medida, los profesionales del sector ganan tiempo, y los compradores, privacidad.
● Expensas sin control fiscal
Las administradoras de consorcios ya no tendrán que informar los pagos de expensas por encima de los $32.000. Muchos propietarios se sentían expuestos injustamente por vivir en edificios que, sin ser de lujo, tenían gastos algo más altos.
● También se eliminan reportes de servicios públicos
A partir de ahora, las empresas de electricidad, gas, agua y telefonía no deberán informar a ARCA sobre consumos. En la práctica, esto significa que ya no se usarán estos datos para “inferir” el estilo de vida o la capacidad económica de un propietario, inquilino o inversor.
Con este paquete, el Ejecutivo busca oxigenar al sector y recuperar la confianza de quienes, hasta ahora, dudaban en mover sus fichas en el tablero inmobiliario.
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¿Se relajaron los controles? No exactamente
Aunque el cambio es grande, hay un punto que sigue firme: el control sobre el origen de los fondos. Los escribanos ya no informan a ARCA, pero sí siguen obligados a exigir documentación que acredite la legalidad del dinero involucrado.
Algunos compradores pueden creer, erróneamente, que con esta resolución ya no hay que justificar nada. Y no es así. La fiscalización cambia de forma, pero no desaparece. “La norma no habilita a relajar los controles”, remarcó Domínguez. Hoy por hoy, las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales o certificaciones contables seguirán siendo parte del proceso.
Al respecto, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá 30 días para revisar su normativa y ajustarla si es necesario. Se busca simplificar, sí, pero sin dejar la puerta abierta al lavado de dinero o al financiamiento del delito. Habrá que esperar si la "letra chica" nos trae alguna sorpresa.
Mientras tanto, la apuesta del Gobierno está clara: menos trabas, más confianza, y un intento fuerte por atraer los dólares que hoy siguen fuera del sistema.