La iniciativa legislativa apunta a desregular el corretaje inmobiliario. Habilita a operar sin matrícula, sin título y sin límites territoriales
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Un proyecto de ley que ya se analiza en el Congreso podría redefinir la intermediación inmobiliaria en el país. La propuesta elimina requisitos tradicionales como la matrícula profesional y el título universitario, y permite operar sin límites geográficos.
La propuesta ya despertó reacciones en todo el sector y anticipa una discusión de fondo sobre el futuro del corretaje en Argentina.
El Congreso debate una ley que podría reconfigurar el corretaje inmobiliario
El escenario no es menor. En un mercado donde los requisitos, las matrículas y los aranceles regulan desde hace años el ejercicio inmobiliario, un nuevo proyecto de ley entra al Congreso con un mensaje fuerte: "liberar el corretaje y simplificarlo al máximo".
La iniciativa lleva la firma del diputado nacional Alejandro Bongiovanni y plantea, en términos sencillos, que cualquier persona pueda operar como intermediaria en operaciones inmobiliarias sin estar matriculada ni tener título universitario. A eso se le suma la posibilidad de trabajar en todo el país, sin reinscripciones ni validaciones cruzadas.
La propuesta, que desde el Gobierno nacional promueven como una apertura necesaria, también genera alertas: ¿qué pasa con la seguridad jurídica, la capacitación y la protección al consumidor si se eliminan los marcos regulatorios actuales?
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Qué plantea la Ley de Libertad Inmobiliaria
Según el articulado, el proyecto modifica varios puntos de la ley 20.266 y sus reformas posteriores. Los principales ejes son:
● Eliminación de la matrícula obligatoria. Quedará a criterio de cada persona si inscribirse o no, sin consecuencias legales.
● Fin del requisito de título universitario. Solo se pedirá ser mayor de edad y no tener antecedentes que impidan operar legalmente.
● Libertad geográfica. Se podrá trabajar en cualquier jurisdicción sin trámites adicionales.
● Honorarios sin aranceles mínimos. Cada profesional pactará su comisión con sus clientes, sin valores sugeridos ni fijos.
● Sanciones solo vía judicial. Los colegios perderán capacidad disciplinaria. Cualquier conflicto deberá canalizarse a través de la justicia.
Para los promotores de la iniciativa, el texto busca dar más libertad a quienes ya están en el rubro, y también "bajar la barrera de entrada para nuevos actores".
El argumento detrás del proyecto
El legislador que impulsa la iniciativa no esconde su posición: considera que el marco actual genera trabas innecesarias y privilegia estructuras que encarecen el servicio sin mejorar su calidad.
“Lo que proponemos no es informalidad, sino libertad. Hoy hay personas que pueden hacer este trabajo, que lo hacen bien, pero quedan afuera por no cumplir con exigencias que ya no tienen sentido”, explicaron desde el entorno de Bongiovanni.
Además, afirma que el proyecto se inspira en modelos internacionales, como el caso de España después del Real Decreto 4/2000 o los mercados de Nueva Zelanda y varios estados de EE.UU., donde, según el diputado, el rol del corredor se desreguló sin que eso implicara caos o pérdida de calidad.
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Qué cambiaría en la práctica
Para Bongiovanni, si la ley se aprueba, los efectos no tardarían en sentirse:
● Muchos que hoy trabajan sin matrícula dejarían de estar en infracción.
● Las plataformas digitales podrían operar con mayor libertad.
● Los consumidores contarían con una oferta más amplia y, probablemente, más económica.
● Los colegios perderían poder de fiscalización y control sobre los profesionales.
Además, sostiene que quienes hoy están limitados por la territorialidad -por ejemplo, corredores que quieren trabajar fuera de su provincia- podrían hacerlo sin trámites extra. Eso, en tiempos de operaciones virtuales, resulta clave, afirma el diputado.
Fuertes críticas desde el sector: advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica y la calidad profesional
Más allá del respaldo que la iniciativa genera en sectores pro desregulación, las críticas por parte de profesionales matriculados, colegios y expertos legales no tardaron en aparecer.
La preocupación principal gira en torno a la ausencia de requisitos mínimos de formación y la falta de control institucional, dos pilares que -según sostienen- garantizan la seriedad del corretaje en un país con alta litigiosidad inmobiliaria.
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Eliminar la matrícula y el título: ¿una puerta abierta a la informalidad?
Aunque el proyecto busca "ampliar el acceso al corretaje", desde distintos sectores jurídicos y académicos advierten que hacerlo sin requisitos mínimos puede debilitar la seguridad jurídica y abrir la puerta a la improvisación.
Especialistas en derecho inmobiliario sostienen que la matrícula y el título no son meros trámites burocráticos, sino garantías mínimas de idoneidad: “La matrícula funciona como un filtro legal. Protege tanto al cliente como al corredor. Quitarla equivale a permitir que cualquiera intervenga en operaciones sensibles, sin formación ni control previo”.
La preocupación apunta a que, sin estos resguardos, puedan intervenir personas sin conocimientos técnicos ni herramientas para manejar contratos, impuestos o normativas específicas, exponiendo a propietarios e inquilinos a posibles errores o conflictos legales difíciles de revertir.
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Honorarios sin piso mínimo: riesgo de precarización y pérdida de profesionalismo
Otro punto que genera alerta entre los profesionales es la eliminación de los aranceles mínimos. Para muchos corredores, esto podría generar una “carrera hacia abajo” en la que sobrevivirán quienes bajen más sus tarifas, no quienes ofrezcan un servicio de calidad.
Desde ámbitos colegiados se advierte que el precio no puede ser el único criterio de competencia: “Una guerra de comisiones empuja al sector a la precarización. La falta de rentabilidad pone en jaque la dedicación, la formación continua y la capacidad de respuesta ante el cliente”.
Además, remarcan que los honorarios mínimos no solo protegen al profesional, sino que también dan previsibilidad al cliente, que sabe qué esperar y qué exigir por el servicio contratado.
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La regulación como garantía, no como traba
Desde el ámbito académico y profesional sostienen que la regulación actual -aunque perfectible- cumple funciones clave que no puede reemplazar la lógica del mercado. Entre ellas, destacan la capacitación obligatoria, los códigos de ética y los mecanismos internos de control disciplinario.
“Desmantelar los marcos institucionales para confiar solo en la reputación online es un riesgo. No alcanza con una buena calificación en redes sociales para garantizar transparencia o responsabilidad patrimonial”.
También se señala que los colegios profesionales ofrecen un canal de resolución de conflictos más ágil y especializado que la justicia ordinaria. Si todo desacuerdo se judicializa, los tiempos se vuelven más largos, más costosos y menos eficaces para las partes involucradas.
El debate recién empieza, y se dará en un contexto donde la digitalización, la descentralización de servicios y el cambio en los hábitos de consumo ya están generando transformaciones en la forma de operar, comprar y vender propiedades.
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