Una iniciativa legislativa impulsa un registro único y gratuito para profesionales, reemplazando matrículas pagas y cuotas colegiales obligatorias
¿Se puede ejercer una profesión sin pagar matrículas ni cuotas? Esa es la pregunta que plantea un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso. La iniciativa busca reemplazar las tradicionales afiliaciones obligatorias a colegios profesionales por un registro gratuito único a nivel nacional.
En esta nota, te contamos de qué se trata la propuesta, a quiénes beneficiaría y por qué ya genera resistencia en varios sectores.
¿Se termina la matrícula obligatoria? El Congreso debate una reforma clave para profesionales
Ejercer una profesión en Argentina podría dejar de depender del pago de matrículas, cuotas y tasas. Esa es la apuesta de un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por la diputada Marcela Pagano, que propone un cambio estructural en el sistema de habilitación profesional.
El texto plantea la creación de un Registro Nacional de Profesionales, gratuito y centralizado en el Ministerio de Capital Humano, que habilitaría a universitarios y no universitarios con título válido a ejercer en cualquier punto del país, sin necesidad de afiliarse a colegios profesionales ni abonar aportes obligatorios.
Del pago obligatorio al registro gratuito
El proyecto modifica el Decreto 2293/92 e introduce un nuevo esquema que elimina de raíz la exigencia de matriculación paga. En su lugar, los profesionales se inscribirían sin costo en un registro digital unificado.
Los colegios, consejos y asociaciones podrán seguir existiendo, pero sus funciones se verán limitadas: ya no podrán imponer aranceles ni condicionar el ejercicio profesional al pago de cuotas. Según la iniciativa, toda contribución pasaría a ser voluntaria.
Además, el texto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al nuevo esquema, lo que podría generar tensiones jurisdiccionales en áreas donde rige legislación local.
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Un alivio para muchos, una alarma para otros
La propuesta apunta a descomprimir la carga económica que enfrentan miles de profesionales en actividad o en proceso de habilitación. Pagano pone el foco en casos concretos: por ejemplo, el costo de matricularse como abogado en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $175.800 (enero de 2025), cifra difícil de afrontar para quienes recién egresan.
La diputada también hace hincapié en situaciones como la de los profesionales de medicina nuclear. Técnicos y médicos deben pagar tasas anuales que superan los $45.000 para renovar su permiso, requisito legal bajo la Ley 24.804. Sin ese trámite al día, ni siquiera pueden acceder a los materiales necesarios para realizar estudios oncológicos.
Riesgos laborales sin respaldo institucional
El proyecto subraya que estos profesionales trabajan en entornos insalubres, manipulando sustancias radiactivas, y aun así deben afrontar gastos adicionales para ejercer. En este contexto, la ley busca eximirlos del pago de tasas regulatorias y simplificar los requisitos para continuar en actividad.
El argumento central es claro: el sistema actual castiga económicamente a quienes brindan servicios esenciales, muchas veces en condiciones adversas. El objetivo declarado es garantizar el acceso igualitario al trabajo profesional sin barreras económicas.
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¿Y el control de la calidad profesional?
Del otro lado, distintos colegios profesionales consultados por Facundo Polo Real Estate, advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en la calidad del ejercicio profesional. Alertan que la matrícula no solo es un trámite administrativo, sino un mecanismo de control técnico y ético. Sin ella, sostienen, será más difícil fiscalizar malas prácticas, sancionar conductas indebidas o garantizar capacitaciones obligatorias.
También anticipan que, de avanzar el proyecto, podrían presentarse acciones judiciales por invasión de competencias provinciales y vaciamiento institucional.
Una pulseada que recién comienza
La propuesta aún debe ser analizada en comisiones, pero ya abrió un debate profundo sobre el modelo de regulación profesional. ¿Es la desregulación el camino para democratizar el trabajo? ¿O puede volverse una amenaza para la calidad de los servicios y la protección de la ciudadanía?
En medio de una coyuntura económica delicada y con miles de trabajadores buscando alivio fiscal, la discusión promete extenderse más allá del Congreso.
