Alquiler turístico en jaque: España impone registro obligatorio y control vecinal
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal exige apoyo vecinal y registro obligatorio para alquilar viviendas a turistas
En España, cambió el juego para el alquiler turístico: desde abril, los propietarios necesitan la aprobación de sus vecinos y deben cumplir nuevos requisitos. La medida busca frenar el turismo intensivo en edificios residenciales.
La convivencia manda: los vecinos podrán bloquear el alquiler turístico
Desde el 3 de abril, alquilar una vivienda a turistas en España es mucho más difícil. Una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal exige que los propietarios obtengan el respaldo de al menos tres quintas partes de sus vecinos antes de iniciar cualquier actividad turística.
La medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, busca proteger los edificios residenciales y frenar el avance del turismo vacacional en zonas urbanas.
Sin permiso vecinal, no hay alquiler
Hasta ahora, bastaba con cumplir requisitos administrativos para ofrecer un piso a turistas. Eso cambió. Ahora, si no se consigue la aprobación de la mayoría de los vecinos -calculada tanto en número de propietarios como en cuota de participación-, no se podrá avanzar.
"Desde abril, ningún propietario podrá alquilar a turistas sin el respaldo de su comunidad de vecinos."
La reforma responde a denuncias frecuentes sobre ruidos, inseguridad y deterioro de espacios comunes, generados por el aumento de alquileres de corta duración.
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Registro obligatorio y nuevos recargos para propietarios
La ley va más allá. A partir de enero de 2025, todos los pisos turísticos deben inscribirse en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un registro nacional que busca combatir el fraude y controlar la actividad.
Además, las comunidades de vecinos pueden aplicar recargos económicos a quienes alquilen de manera turística, para cubrir los costos de mantenimiento de los espacios comunes.
Menos turismo en edificios residenciales: el objetivo del Gobierno
El paquete legislativo, aprobado en las Cortes Generales y apoyado por las comunidades autónomas, apuesta a devolverle su función residencial a los edificios afectados por el turismo intensivo. El control será más estricto, y la convivencia, la prioridad.
