Un comprador recibirá más de $90 millones, más intereses, después de que la Justicia determinara que su vivienda presentaba defectos graves de construcción. La condena recayó sobre Brisas San Antonio de Areco S.A., desarrolladora y vendedora, por daños que comprometían la solidez y habitabilidad del inmueble.
La sentencia fue dictada el 1 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N.º 9 de Mercedes, Buenos Aires, en la causa “Pagella Julián c/ Brisas de Areco S.A.”. El comprador había adquirido la propiedad el 21 de diciembre de 2016.
Los primeros problemas aparecieron en agosto de 2020. El propietario detectó grietas, deformaciones y filtraciones, y notificó a la desarrolladora mediante cartas documento. Sin solución, inició una demanda a fines de 2021, después de que fracasara la mediación.
La pericia encontró daños que comprometían la estructura y la habitabilidad
Durante una inspección realizada en septiembre de 2023, la pericia detectó fisuras activas, humedad, desprendimiento de pintura y deformaciones. También identificó problemas en aberturas, tabiques de dormitorios, escaleras y cubierta, entre otros sectores de la vivienda.
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El informe técnico vinculó los daños con posibles fallas en el proyecto o en la ejecución de la obra. Entre otros aspectos, señaló problemas en elementos que sostienen y distribuyen las cargas de la construcción, como vigas, dinteles y encadenados. Por eso, el especialista recomendó apuntalar sectores y realizar refuerzos estructurales.
El tiempo estimado para las reparaciones oscilaba entre 100 y 200 días, según las soluciones que finalmente se adoptaran. El perito también indicó que era necesario realizar cateos —pequeñas aperturas en paredes u otros sectores de la construcción— para observar el interior y determinar el origen preciso de los defectos. No encontró indicios de sobrecarga o mal uso del inmueble.
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El juez consideró que los problemas excedían los defectos de terminación y afectaban el uso normal de la vivienda. Para resolver el caso, aplicó el artículo 1273 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad del constructor por los daños que comprometan la solidez de una obra de larga duración o la hagan impropia para su destino.
La empresa deberá pagar las reparaciones y una multa por daño punitivo
La indemnización quedó integrada por $50.961.437,41 para cubrir las reparaciones, de acuerdo con el presupuesto pericial actualizado mediante el índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que refleja la evolución de los costos del sector. A esa suma se agregaron $40 millones en concepto de daño punitivo, conforme al artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.
La multa se fundamentó en la conducta de la desarrolladora. Según la sentencia, la empresa fue convocada para inspeccionar los daños, pero rechazó su responsabilidad. El juez consideró especialmente reprochable esa actitud porque se trataba de la vivienda familiar.
En cambio, la Justicia rechazó el reclamo por la pérdida de valor de reventa, porque no se acreditó que la propiedad conservaría una depreciación una vez reparada. También desestimó el pedido por pérdida de alquileres, ya que no se demostró una intención concreta de destinar el inmueble a ese uso.
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La empresa había planteado que el reclamo estaba prescripto, pero el juez rechazó ese argumento. Distinta fue la situación del arquitecto, respecto de quien la acción sí se consideró prescripta. La notificación formal se había dirigido a la desarrolladora y no alcanzó, por sí sola, para interrumpir el plazo legal correspondiente al profesional.
Otros fallos muestran cómo se distribuye la responsabilidad por defectos constructivos
En agosto de 2026, un tribunal de Tres Arroyos también ordenó indemnizar a una familia por fallas estructurales en una vivienda industrializada. En ese caso, la condena recayó sobre una maestra mayor de obras y la reparación se fijó en una suma equivalente a USD 30.000.
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La pericia detectó fallas en elementos portantes, falta de paneles de rigidización, apoyos de madera sin protección y deficiencias en la platea de fundación. Advirtió sobre el riesgo de colapso y estimó que reparar costaría cerca del 60% de reconstruir. La Justicia otorgó una indemnización, pero rechazó los reclamos por daño moral y alquiler de otra vivienda por falta de pruebas.
En septiembre de 2026, una Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó una condena de $70 millones contra un profesional de la construcción por defectos en una vivienda familiar. La pericia había señalado fallas en vigas, columnas, losas, armaduras expuestas, filtraciones y fundaciones.
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En ese expediente, el tribunal consideró que la vivienda no era habitable y que algunas reparaciones resultaban antieconómicas frente a la posibilidad de reconstruir sectores completos. La indemnización incluyó daños materiales y morales. Además, la Cámara rechazó que el vencimiento del plazo contractual liberara al profesional de sus obligaciones.
Qué establece la legislación sobre las fallas graves en una construcción
El artículo 1273 del Código Civil y Comercial establece la responsabilidad del constructor cuando los daños comprometen la solidez de una obra de larga duración o la vuelven inadecuada para el uso previsto. El artículo 1274 extiende esa responsabilidad, según las circunstancias, a quienes venden habitualmente obras construidas por ellos o encargadas a terceros, y a otros participantes que cumplen funciones equivalentes a las de un contratista.
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La Ley de Defensa del Consumidor también contempla la responsabilidad por daños derivados de defectos o riesgos de bienes y servicios. Su artículo 40 regula la responsabilidad de los integrantes de la cadena correspondiente, mientras que el artículo 52 bis habilita la aplicación de una multa civil a favor del consumidor cuando se cumplen los requisitos legales.
Los casos muestran que los defectos constructivos pueden generar distintas responsabilidades e indemnizaciones. La respuesta judicial depende de las pruebas técnicas, los contratos, la función de cada participante y las circunstancias del conflicto.