Ley de Tierras: vuelven los límites a la compra extranjera, pero la derogación del DNU sigue sin definición

La suspensión es provisoria. La Ley 26.737 fija un tope del 15% de titularidad extranjera y límites por nacionalidad, cuerpos de agua y fronteras.

Mazo de juez y documentos junto al edificio de la Corte Suprema y un campo con un cartel que dice Vende.
La suspensión judicial devuelve vigencia provisoria al régimen que limita la titularidad extranjera de tierras rurales, mientras se analiza el reclamo. Imagen ilustrativa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió el 9 de octubre los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La decisión restablece temporalmente las restricciones a la titularidad extranjera de campos, incluido el límite del 15% sobre las tierras rurales del país. La suspensión regirá hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar.

La medida fue adoptada por mayoría en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, representantes de comunidades indígenas y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda. El expediente volverá al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, que deberá analizar si los demandantes están habilitados para impulsar el reclamo y resolver el pedido cautelar.

El reclamo ambiental permitió una nueva intervención judicial

El planteo cuestiona la derogación de la Ley 26.737 mediante un decreto de necesidad y urgencia. Sus impulsores sostienen que eliminar las restricciones puede comprometer la protección del ambiente, la diversidad biológica y el patrimonio natural y cultural. También invocaron derechos de los pueblos indígenas y garantías constitucionales vinculadas con la defensa ambiental.

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La causa se había iniciado ante el juzgado federal de Bariloche, pero fue remitida a la Cámara Federal de La Plata por su vinculación con otro amparo contra el mismo artículo del DNU. Posteriormente, la Cámara elevó ambos expedientes a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores hubieran resuelto el pedido cautelar presentado en el caso de Árbol de Pie.

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La mayoría del máximo tribunal consideró que ese recorrido procesal había dejado sin respuesta los planteos de los demandantes. Para evitar posibles daños irreparables y garantizar una tutela judicial efectiva, dispuso suspender interinamente el artículo 154. Entre los fundamentos mencionó las facultades previstas en la Ley General del Ambiente y las garantías de acceso a la justicia ambiental del Acuerdo de Escazú.

El antecedente del CECIM explica por qué existen dos decisiones diferentes

El 29 de septiembre, la Corte había revocado una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El expediente había sido iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que cuestionó la eliminación de las restricciones por considerar que afectaba la soberanía nacional.

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En aquella oportunidad, el máximo tribunal rechazó la demanda por falta de legitimación activa. Consideró que el CECIM no había acreditado un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que permitiera impulsar ese proceso. Sin embargo, aclaró expresamente que no estaba resolviendo la constitucionalidad del artículo 154 del DNU.

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El expediente de Árbol de Pie presentó fundamentos diferentes, especialmente por la invocación del derecho a un ambiente sano y de los derechos de las comunidades indígenas. La Corte señaló que esas circunstancias no habían sido examinadas en el caso anterior y que su nueva resolución no modificaba el criterio adoptado en CECIM.

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Qué restricciones establece la Ley 26.737 para la propiedad extranjera

Sancionada en diciembre de 2011, la Ley 26.737 creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Su alcance comprende los terrenos ubicados fuera de los ejidos urbanos, independientemente de su destino, y contempla tanto a personas físicas como jurídicas extranjeras.

El límite general es del 15% de titularidad o posesión extranjera sobre las tierras rurales. Ese porcentaje se calcula a escala nacional y también sobre el territorio de cada provincia y municipio. Además, las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no pueden concentrar más del 30% de ese cupo.

La normativa incorpora restricciones adicionales según la ubicación y la superficie de los campos. Un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente territorial. También prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como de propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera, con las excepciones legales correspondientes.

El régimen también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de relevar la titularidad extranjera, controlar el cumplimiento de los límites y expedir certificados de habilitación para las transferencias comprendidas por la ley. El artículo 154 del DNU 70/2023 había eliminado todo este marco normativo al disponer su derogación.

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Rosenkrantz cuestionó la competencia de la Corte para dictar la cautelar

La suspensión fue respaldada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia parcial: coincidió con devolver el expediente al juzgado de origen, pero rechazó que la Corte dictara una medida provisoria antes de que se pronunciaran los tribunales inferiores.

El magistrado sostuvo que el máximo tribunal no tenía competencia para adoptar esa cautelar en las condiciones en que había llegado el expediente. También cuestionó que la demanda acreditara un peligro ambiental concreto y que explicara la relación entre la nacionalidad de los propietarios rurales y una eventual afectación del ambiente.